La ex gobernadora Cielo González Villa no descartó la posibilidad de volver a aspirar a cargos de elección popular tras el fallo que le restituyó sus derechos políticos suspendido por el entonces Procurador Alejandro Ordóñez. Ojalá que fuera el embajador el que tuviera que pedirme perdón, alegó al analizar la decisión revelada en primicia por LA NACIÓN.
La ex gobernadora del Huila Cielo González Villa, no tiene ninguna duda que las tres sanciones que le impuso la Procuraduría General de la Nación fue una decisión política. Su intempestivo retiro del cargo, cuando apenas llevaba un año de estar ejerciéndolo, fue orquestado por el entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, actual embajador en Naciones Unidas. Pero no actuó solo.
“Detrás de esa jugada hubo otros políticos que buscan gobernador liberal y lo lograron”, afirmó la ex mandataria al analizar el fallo que le restituyó sus derechos políticos y la dejó ad portas de retornar a la actividad política activa.
Aunque el fallo es de primera instancia y seguramente será impugnado por la propia Procuraduría, la ex mandataria dejó abierta la posibilidad de aspirar a cargos de elección popular.
“Estoy feliz con ese fallo porque se hizo justicia, me violaron el debido proceso que fue lo que alegué todo el tiempo. Como la idea era sacarme tenían que fallar, me pusieron una sanción de tres meses, con esa completé tres sanciones en cinco años, configurándose una inhabilidad sobreviniente”, señaló González Villa.
“Después de seis años nos encontramos con que la justicia cojea pero llega”, señaló.
-¿Siente, que llegó cojeando?
Gracias a Dios apareció ese fallo que fue en estricto derecho por violación del debido proceso porque el proceso que adelantó la Procuraduría fue ilegal, que terminó en una sanción que no tenía por qué ser una sanción, y mire ahí se falló en contra.
La Procuraduría me sacó a patadas y ahí le ordenaron que tienen que hacer una retractación pública porque el honor me lo mancillaron y me hicieron salir de la Gobernación. Eso es lo que más me gusta de ese fallo, le ordenan a la Procuraduría que me presente excusas públicas, que no me den un peso, que no me den nada, no me importa, pero que me pidan perdón.
-¿Qué destaca del fallo?
Me siento muy feliz, primero como abogada y como ciudadana. Hoy vemos que el Tribunal Contencioso falló en derecho luego de hacer un análisis profundo al proceso que se me adelantó por parte de la Procuraduría. Hoy me siento muy feliz porque acogió las pretensiones de nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.
Y algo más, en este fallo inédito, el Tribunal le ordena a la Procuraduría que me presente disculpas públicas, en la plaza pública por el daño que me hicieron, me pusieron una sanción de tres meses lo que originó una inhabilidad sobreviniente y me sacaron de la gobernación que gané en franca lid en un proceso democrático para el 2012-2015 y que no pude culminar. Más que cualquier otra cosa me siento feliz porque el Tribunal le está dando a estos casos de connotación política, porque esa fue la motivación política que tuvo la Procuraduría en ese tiempo, una connotación política para que hoy tengan que presentar disculpas públicas ante el pueblo huilense.
Para que digan que no me destituyeron y no salí del cargo por ser una mala persona sino porque hubo un fallo eminentemente político en el 2012. Eso me llena de satisfacción.
¿Es suficiente esta reparación integral?
Para mí es suficiente que me pidan excusas públicas porque quiero limpiar mi nombre ante el pueblo del Huila que sientan que su alcaldesa de Neiva (2004-2007) es una persona que obró correctamente, que nunca ha obrado mal, que he hecho las cosas bien. Ahí están mis obras, mis ejecutorias. Como política que soy mi buen nombre es muy importante. Ese solo hecho, que me tengan que pedir perdón en la Plaza de Banderas de la Gobernación, borra para mi todas las lágrimas que tuve que sufrir cuando fui desvinculada de mi cargo.
–Es decir, ¿descarta de hecho, las reparaciones por los perjuicios que le pudieron causar?
Esos perjuicios patrimoniales están en otra demanda que se adelanta contra el Gobierno Nacional porque fue la Presidencia de la República en su momento la que me desvinculó y la que designó gobernador encargado. Ese es otro proceso que quien sabe cuándo salga, pero hoy, sino sale ninguna reparación económica me siento reparada en mi buen nombre. Esto demuestra que cuando los fallos se hacen con motivaciones políticas pueden dañar una carrera pública como la mía que hoy está siendo resarcida.
-¿Cree que fue absolutamente política la motivación del procurador Alejandro Ordóñez para sancionarla?
¡Pero totalmente política! Hoy lo puedo confirmar con este fallo porque se demostró que todo lo actuado se hizo violando todas las normas del debido proceso.
De manera que Alejandro Ordóñez puede ser hoy Embajador ante Naciones Unidas pero en su momento tomó una decisión equivocada y errada, fundamentada en motivos políticos para favorecer a un partido y en ese momento tratar a ganar ellos la Gobernación que fue lo que finalmente hicieron, sacándome a mí y luego tener gobernador del Partido Liberal.
Estoy completamente segura de eso y pienso que los votos y los cargos se ganan en las urnas y no necesitan utilizar los mecanismos judiciales para sacarlo a uno de las contiendas políticas. Y aquí pasó eso.
Al ex procurador Ordóñez quiero decirle que sus malintencionados propósitos políticos de la época que me sacaron hoy han sido derrotados. Ojalá tuviera que ser él quien tuviera que presentar disculpas públicas el día que quede en firme este fallo, porque fue él, Alejandro Ordoñez, el que me causó el perjuicio.
-¿Villalba estuvo detrás de esta jugada política para tener gobernador liberal?
Eso si no lo puedo decir, pero que hubo móviles políticos, sí. ¡Hubo móviles políticos! Me pusieron tres sanciones de manera seguida en procesos que hoy no tienen asidero legal.
-¿Por qué insiste en una persecución?
Ya habíamos ganado el caso Tigsa, hoy está en el Consejo de Estado. Las tres sanciones por las que me sacaron están siendo anuladas por el órgano de cierre que es el Contencioso Administrativo, y espero que sean confirmados. Esto demuestra que hubo una despiadada persecución política, porque no tenían más armas y lo lograron al obtener gobernador liberal. Ese es el raciocinio que yo hago. No sé qué políticos estuvieron detrás de ese paseo pero que fue un fallo político si, ¡fue un fallo político!
-¿Al levantarse la inhabilidad y restituirle sus derechos políticos regresa a la política activa? ¿Piensa aspirar?
Nunca me he ido de la política, la llevo en mi corazón, Nunca me he ido y esto ratifica que el día que quisiera aspirar a algo, tendría las puertas abiertas y la frente en alto para hacerlo.
-¿Pero piensa aspirar?
Aunque podría hacerlo, por ahora estoy muy juiciosa, dedicada a otras actividades profesionales, pero sí haciendo política y sirviéndole al Huila desde otras esferas. Esto demuestra que si quisiera lo podría hacer. Esto me permite demostrar mi inocencia y que nunca he obra mal.
-Pero deja una ventana abierta. ¿Piensa aspirar? ¿Lo está contemplando?
No, de ninguna manera, por ahora no. Acuérdese que Carlos Julio es mi hermano, y por ser el gobernador, estoy inhabilitada para aspirar a cualquier cargo público en las próximas elecciones regionales del 2019.
-¿Y más adelante?
Más adelante no descartamos volver a la contienda política y yo sé que la gente sabe de mis ejecutorias, de mi trabajo… y habría que revisar con mis amigos si ellos quieren que estemos nuevamente en un cargo público. Por ahora no puedo aspirar porque estaría inhabilitad por el parentesco y consanguinidad con Carlos Julio mi hermano. ¡Qué tal que les diga que me voy a lanzar a la Gobernación los asusto! Risas.
La carta salvadora
Aunque había otras consideraciones sobre la improcedencia o prescripción de las tres sanciones impuestas a la ex gobernadora Cielo González, la carta salvadora fue la decisión que tumbó la destitución del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Según la Sala Pelan del Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer una sanción que restrinja los derechos políticos de un servidor público, elegido popularmente, por faltas disciplinarias.
En este caso, como ocurrió con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, la Procuraduría no tiene competencia para imponer la sanción de destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente, con fundamento en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La norma dispone que los derechos políticos de los ciudadanos solamente pueden limitarse en un proceso penal por un juez competente.
La sanción fue impuesta el 6 de diciembre de 2012 por la Sala Disciplinaria integrada por el procurador Primero Delegado, Juan Carlos Novoa Buendía, quien actuó como presidente y por la procuradora Segunda Delegada, María Eugenia Carreño Gómez.
Otras batallas
La primera se adelanta contra el Departamento Administrativo de la Presidencia por la expedición del Decreto 011 proferido el 9 de enero de 2013 firmado por el presidente Juan Manuel Santos que hizo efectiva la sanción y la separó del cargo. En su reemplazo fue designado el entonces superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez Cabrera. Luego Julio César Triana como gobernador interino.
Igualmente una acción de nulidad contra el Ministerio del Interior, por la convocatoria a elecciones atípicas que terminaron con la elección de Carlos Mauricio Iriarte, en representación del liberalismo.
Además de la nulidad del acto administrativo solicita la reparación económica de los perjuicios causados, los daños extramatrimoniales y el reintegro al cargo o a otro de igual categoría.
También adelanta otras acciones de nulidad por el fallo de responsabilidad fiscal que le adelantó la Contraloría General de la República.
POR: LANACION.COM.CO
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