La Procuraduría General de la Nación anunció el primer proceso verbal contra el alcalde Rodrigo Lara Sánchez por un contrato de prestación de servicios para examinar técnicamente las fallas que originaron el colapso parcial de la tribuna occidental.
Atendiendo una queja formulada por los propios contratistas, sorpresivamente, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez por haber contratado conjuntamente con Coldeportes un estudio técnico para determinar las causas del siniestro que dejó cuatro muertos y diez heridos.
Al proceso verbal fueron citados igualmente el jefe de la Oficina de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias Gaona; la secretaria de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez; la secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque Guzmán, y el asesor del alcalde, Vladimir Salazar Arévalo.
La decisión fue anunciada ayer por el organismo de control por supuestas anomalías en la suscripción de un contrato suscrito con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, para examinar las fallas técnicas, estructurales, contractuales y administrativas que provocaron el colapso parcial de la tribuna occidental ocurrido el 19 de agosto de 2016.
Es la tercera investigación disciplinaria que se inicia contra la actual administración. Curiosamente, en la Procuraduría no hay ninguna investigación contra quienes realizaron el proceso pre y contractual, y contra quienes dirigieron la obra. Por las anomalías en la remodelación la Fiscalía adelanta dos procesos y la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal.
Los argumentos
“De acuerdo con la investigación disciplinaria, la alcaldía habría suscrito el contrato de manera directa con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, a pesar de que el objeto y alcance del mismo hacía necesario, aparentemente, que se realizara un concurso público de méritos para escoger al contratista”, expresó la Procuraduría en un comunicado.
El estudio técnico fue contratado con esa firma altamente especializada, como parte del proceso administrativo sancionatorio que se adelantaba contra el consorcio constructor. Costó 245 millones de pesos.
La empresa, es la misma que contrató la Fiscalía General de la Nación para soportar el desplome de la torre seis del edificio Space en Medellín, entre otros estudios técnicos.
“Por esos hechos los funcionarios presuntamente vulneraron los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, al aceptar, aparentemente, la oferta de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS antes de la publicación de los estudios previos por parte de la alcaldía”, afirmó la agencia del Ministerio Público. En principio, la supuesta falta fue calificada como grave.
Sorpresa
“Estamos tranquilos aunque visiblemente sorprendidos con una decisión que no tiene soportes. No se trató de una consultoría, ni de un proceso licitatorio, como lo supone equivocadamente la Procuraduría o como lo señalaron sin fundamentos los antiguos contratistas, los únicos interesados en estas quejas sin sustento”, afirmó el mandatario capitalino, Rodrigo Lara Sánchez al comentar la decisión en proceso de notificación.
“Lo que se firmó fue un contrato de prestación de servicios, una asesoría especializada para realizar un ´peritaje técnico, requerido en un proceso administrativo sancionatorio, sobre el cumplimiento de la normatividad sismo-resistente, que nos permitiera determinar si el diseño estructural era o no apropiado y evaluar las posibles causas del colapso”, anotó el ejecutivo local.
Estrategia
Por estos hechos, se originaron numerosas recusaciones y se tramitaron varias investigaciones disciplinarias contra el equipo jurídico encargado de adelantar y fallar el proceso. “Incluso se emprendió una estrategia jurídica de acusaciones para frenar el proceso y evitar que se esclarecieran los hechos. Ahora, nos sorprende la procuraduría porque que los procesados seamos nosotros que no contratamos las obras que solo recibimos cuando estaban a punto de finalizar, sin el reforzamiento estructural”, anotó Lara Sánchez.
No es consultoría
Por su parte, el jefe de Contratación, Fernando Iglesias, aseguró la Procuraduría parte de un supuesto falso. “No se trata de un proceso de licitación, ni la contratación de una consultoría, como se quiere asimilar. Lo que contratamos fue un peritaje técnico, fue un contrato de prestación de servicios de un perito para que examinara las causas del colapso y para eso no se requieren ni estudios previos, ni procesos de licitación, ni concursos, es una prueba técnica porque hubo muertos y heridos y eso la ley lo permite”, afirmó.
“Es más ese mismo perito ha venido trabajando con la Fiscalía y otras entidades públicas como analistas forenses en ingeniería civil”, preciso.
“Si el peritazgo hubiese arrojado otro resultado, no habría pasado nada. Pero como fueron tan contundentes los resultados, se demostró técnicamente que hubo un incumplimiento grave que originó la caducidad del contrato”, aseguró.
“No dudo que se trata de una retaliación por esta decisión. Tratan de armar una tormenta político-jurídica en un vaso de agua. El contrato de prestación de servicios no requiere un proceso complejo de selección objetiva”, insistió Iglesias.
Otras investigaciones
La primera investigación preliminar en etapa probatoria la inició la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa. La queja fue formulada por el representante legal del consorcio constructor, Miguel Alejandro Lozano Castañeda por haber permitido el uso parcial del estadio de Neiva. El contratista argumentó en la queja “desgreño y desidia administrativa por parte de la Alcaldía de Neiva”.
La investigación sirvió para soportar las recusaciones formuladas para frenar la caducidad por incumplimiento.
Los contratistas como lo registró en su momento LA NACIÓN estimaron que la autorización al Atlético Huila para realizar la repotenciación de las luminarias, la reparación del cableado eléctrico y el arreglo de camerinos, configuró otra causal para la recusación.
Según el abogado Carlos Roberto Roa, apoderado del consorcio contratista, la Alcaldía al suscribir el acta de uso parcial el escenario deportivo le dio vida jurídica al permitir que un tercero interviniera la infraestructura, objeto del contrato, que no estaba en ese momento terminado ni liquidado.
“Solo estaba suspendido por mutuo acuerdo. Además- dijo- con la coincidencia de que el proveedor es el mismo que había sido subcontratado para realizar las intervenciones eléctricas”.
Las intervenciones autorizadas al Atlético Huila, no afectaron las obras contempladas en el contrato. Con recursos del equipo se habilitaron las redes eléctricas en el área de camerinos y espacios adyacentes, así como el restablecimiento del fluido eléctrico en las cuatro torres principales de iluminación.
En trámite
Hace un año, el entonces procurador Provincial, Yofran Mauricio Silva abrió otro proceso disciplinario contra abogados de la Alcaldía por supuestas omisiones en el proceso administrativo sancionatorio que se adelantaba en ese momento contra el constructor y el interventor.
La queja la formuló el 16 de enero de 2018 el ingeniero Jarlinson Hurtado Salas, dueño del 50% de la participación accionaria del consorcio Estadio 2014, encargado de la remodelación.
Hurtado Salas también formuló una recusación contra el jefe jurídico, Eduardo Richard Vargas, quien fungía como jefe de contratación ad hoc y contra su equipo de abogados, argumentando que estaban impedidos para actuar, participar y adoptar cualquier decisión en el proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento del contrato de remodelación del estadio.
Poco antes, la Procuraduría Provincial de Neiva abrió otra investigación preliminar contra el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y su jefe de Contratación por la adición presupuestal en enero de 2016, recién llegado para continuar con las obras.
De éstos, 3.450 millones correspondían a los aportes de la Gobernación del Huila girados en esta administración y 4.234 millones por parte el Alcaldía de Neiva.
POR: LANACION.COM.CO
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