La polémica concesión del juego de apuestas permanentes (chance) adjudicada en el 2008, comenzó a sortearse en el Palacio de Justicia.
Después de varios aplazamientos el juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna, anunció para junio próximo la apertura del juicio oral en contra de los tres implicados, el entonces gerente de la Lotería del Huila, el jefe jurídico y el representante legal de la empresa Apuestas Nacionales.
La bancada de la defensa, liderada por el penalista Sheiber Cuenca Galindo, descubrió 160 elementos materiales probatorios, contenidos en cinco carpetas con unos dos mil folios. Además, solicitó 20 testigos directos y abundante evidencia física para contrarrestar la fuerte acusación sustentada el año pasado por la Fiscalía.
“Las estipulaciones probatorias son relevantes y pertinentes para demostrar la legalidad del contrato. Además, para demostrar un interés indebido posterior a la adjudicación y en la siguiente administración de quienes ahora fungen como víctimas”, precisó.
Entre los testigos figuran, el ex gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, presidente de la junta directiva de la Empresa de Loterías y quien conoció, paso a paso, los detalles del proceso. Igualmente, el ex gerente de la Lotería, Hernán Leal, los miembros del comité evaluador, el ex gerente de Su Chance, Raúl Castro, varios contadores, el vendedor de la póliza, los mensajeros, la secretaria y finalmente pidieron incorporar el testimonio del jurista Elías Chacón, fallecido el pasado 20 de abril.
La Fiscalía por su parte descubrió el año pasado las pruebas que barajará en el juicio oral para demostrar las irregularidades que se registraron en la adjudicación del contrato de concesión y soportar la acusación.
La funcionaria judicial anunció 43 testigos directos y de referencia que conocieron de primera mano o participaron en el proceso licitatorio y en la polémica adjudicación del contrato. También descubrió 103 pruebas documentales y 33 elementos materiales probatorios que suman más de tres mil folios que se harán valer en el juicio verbal que iniciará el próximo mes.
La valoración definitiva de las pruebas solicitadas quedó pendiente. En junio próximo el Juez decretará las que sean pertinentes.
La prueba reina
Además, la Fiscalía sustentará la acusación con el fallo proferido en abril del año pasado por el Tribunal Administrativo del Huila, que decretó de oficio la nulidad del contrato de adjudicación a nulidad absoluta del Contrato No.68 del 22 de agosto de 2008 al haberse configurado la causal de nulidad absoluta contemplada en el régimen de contratación estatal.
Al fallar dos demandas acumuladas presentadas por los otros dos oferentes, el magistrado Gerardo Iván Muñoz concluyó que la Empresa de Loterías del Huila “desconoció el procedimiento de la licitación pública ya que ninguno de los tres oferentes cumplía con las exigencias de la ley para seleccionar el contratista, vulnerando con ello no solo la selección objetiva y el principio de transparencia y viciando de nulidad absoluta el Contrato No. 68 de 2008 por ser celebrado contra expresa prohibición legal”.
El documento será determinante en la ruta final del proceso que se viene adelantando, por las denuncias que formularon luego de la adjudicación el gobernador de la época Luis Jorge Pajarito Sánchez y el contralor Constantino Trujillo.
Direccionamiento
Según la Fiscalía, durante el proceso licitatorio se evidenció “un claro direccionamiento y desviación de poder para beneficiar al contratista.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reiteró la fiscal anticorrupción.
En cambio los acusados indicaron que la adjudicación fue legal y en cambio el interés indebido se registró después y en otra administración para afectar las rentas departamentales.
La acusación
Según la fiscal Elizabeth Quiroga Ariza el contrato fue firmado cuatro días antes de haber sido adjudicado y se legalizó luego en total secreto, sin audiencia pública.
El contratista, según la Fiscalía, obtuvo previamente elaborado y firmado el contrato 068-2008, sea que haya sido firmado en Bogotá o en Neiva.
“El 22 de agosto de 2008 a las 11:007 a.m. la empresa Seguros del Estado expidió la póliza de cumplimiento del contrato sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de adjudicación y sin que se hubiera enterado o notificado ninguno de los demás proponentes. Solo fueron notificados cuatro días después, consignó la fiscal.
“En tiempo récord, -dijo-, la Empresa de Loterías revocó la resolución que declaró desierta la licitación, expidió la resolución de adjudicación, firmó el contrato y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando estaban todos en Bogotá.
Los documentos, incluyendo la póliza expedida anticipadamente, fueron incorporados en las estipulaciones probatorias para demostrar las anomalías.
La investigación devela que el entonces representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia, obtuvo y suscribió primero el contrato No. 068 de 2008, luego tramitó la póliza de cumplimiento y posteriormente se notificó de la resolución de adjudicación No. 181 del 22 de agosto de 2008, día no laborable. Los otros dos proponentes, Chambacú y Su Chance, solo fueron notificados cuatro días después.
“A los dos proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú Ltda y Suchance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó vía correo electrónico, solo hasta el 26 de agosto de 2008, el contenido de la Resolución No. 181 del 22 de agosto de 2008”.
La funcionaria judicial aseguró que “los actos administrativos fueron suscritos de manera cohonestada con el contratista, quien finalmente se hizo adjudicatario del contrato de concesión, soslayando las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como los principios de selección objetiva, publicad y transparencia”.
“En estas condiciones -agregó- los servidores públicos, “desviaron el marco legal y actuaron gobernador por propósitos personales en ventaja de la empresa Apuestas Nacionales”, precisó la Fiscalía.
La adjudicación se hizo a pesar que la empresa ganadora no acreditó la experiencia específica, no tenía experiencia jurídica entre 20011-2002 ya que sólo se constituyó en el 2003 y no tenía la capacidad financiera, requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones.
Los cargosCon esta carga acusatoria la Fiscalía les imputó a los dos servidores públicos en calidad de coautores los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, cometidos en concurso heterogéneo.
Al antiguo concesionario les imputó los mismos delitos pero en calidad de coautor interviniente.
El juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna Corrales, con funciones de conocimiento, suspendió ayer la diligencia judicial y fijó una nueva fecha para la continuación de la audiencia preparatoria. El togado decretará las pruebas pertinentes y fijará la fecha para comenzar en firme el juicio oral en dos semanas.
POR: LANACION.COM.CO
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