El Juez Primero Penal Municipal de Garzón con funciones de Control de Garantías ratificó la medida de aseguramiento de la exalcaldesa de El Agrado Waldina Losada Vega y la ex-concejala Bertilda Ramírez Valderrama; ambas implicadas en delitos electorales ocurridos en las elecciones regionales de 2019.
En la diligencia cumplida el día de ayer, el togado una vez avaluó las disertaciones y elementos de la defensa y parte acusadora, optó por mantener la medida de detención intramural contra los líderes políticos implicados en un aparente fraude electoral.
Para el juez, los elementos de la defensa para lograr la declaratoria de libertad condicional no fueron lo suficientemente contundentes por lo que pudo más la fuerza del ente acusador que se sostuvo en las sindicaciones de delitos electorales inocultables.
Una vez proferida la decisión, los abogados defensores de las implicadas anunciaron su intención de apelar la decisión conforme a las formas e instancias que el proceso en curso les permite, reiterando que sus clientes son inocentes y que lo que se está presentando es persecución política contra sus defendidos y anunciaron que desvirtuarán con argumentos las falacias que se han tejido en torno a este caso.
Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre de 2019, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación dio captura a la exalcaldesa del municipio del El Agrado – Huila, Waldina Losada Vega, al Alcalde electo y concejal saliente, Carlos Alberto Murcia Méndez, así como a la concejal reelecta Bertilda Ramírez Valderrama, quienes al día de hoy, son investigados presuntamente por delitos de corrupción electoral.
Para la fiscalía las evidencias probatorias recolectadas en trabajo de campo indicaban qu8 los hoy capturados habrían trasladado a varias personas no residentes para que inscribieran su documento de identidad en el municipio, también habrían negociado votos a cambio de vinculaciones laborales, pago de coimas y entrega de beneficios por medio de programas de vivienda o proyectos productivos. Así mismo se conoció que se ofrecían materiales de construcción, tales como: tejas de zinc, tubos, cemento, baterías sanitarias y filtros; todo esto documentado en el expediente de investigación; lo anterior fue lo que configuró una serie de delitos electorales que están tipificados con cárcel en la ley colombiana.
De esta manera, los cargos que imputó la Fiscalía, tanto para el alcalde recién electo y para la ex alcaldesa y ex concejal fueron: concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción al sufragante, los dos últimos delitos, hacen parte de los 16 contemplados como delitos electorales en el Código Penal Colombiano.
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