La insólita investigación abierta por la Procuraduría al equipo jurídico que declaró la caducidad del contrato de remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas’ se desplomó como la tribuna occidental.
Después de dos años y dos meses de haberse iniciado por petición de los contratistas, la procuradora Provincial de Neiva, Yulieth Cristina Cortés Fierro, reversó la medida y archivó el proceso disciplinario.
Silva González argumentó “supuestas anomalías en el proceso sancionatorio para declarar la caducidad del contrato de obra 1758 de 2014”, firmado entre la alcaldía y el consorcio constructor. Entre las anomalías mencionó “violación al debido proceso y defensa”, esbozados por los contratistas.
El proceso disciplinario fue iniciado el 10 de abril de 2018 por el procurador Provincial de la época, Yofran Mauricio Silva el mismo día en que fue convocaba la audiencia sancionatoria contra los contratistas.
Inexplicablemente, la apertura del proceso le sirvió a los contratistas como soporte de fondo para impedir la reanudación de la diligencia sancionatoria por el incumplimiento que concluyó un año después declarando la caducidad.
Recusaciones en serie
Con esa investigación el ingeniero caqueteño, Jarlinson Hurtado Salas, dueño del 50% de las acciones del consorcio Estadio 2014, encargado de la remodelación de la tribuna occidental, recusó al equipo jurídico, como estrategia para impedir la continuación de la audiencia. Y le funcionó.
La recusación fue formulada contra los el jefe jurídico, Eduardo Richard Vargas, quien fungía como jefe de contratación ad hoc y contra su equipo de abogados, argumentando que están impedidos para actuar, participar y adoptar cualquier decisión en el proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento del contrato de remodelación del estadio.
Además, recusó al entonces jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias y a los abogados Vladimir Salazar, Juan Pablo Murcia Delegado y William Alvis, quienes integraban el equipo jurídico en este proceso sancionatorio.
“Lo claro es que los puntos que los contratistas señalan en la queja quedaron resueltos en el proceso. Todas y cada una de las presuntas irregularidades denunciadas fueron atendidas y resueltas durante el trámite del proceso sancionatorio”, apuntó el abogado Fernando Iglesias, quien orientó el proceso y quien fue apartado de la investigación.
“En desarrollo de las audiencias se demostraron las circunstancias de hecho que motivaron la actuación, los incumplimientos puntuales y se presentaron en detalle con todos los soportes técnicos la cadena de anomalías que desencadenaron la tragedia que hoy la Procuraduría corroboró y le dio su aval”, explicó Iglesias.
Las anomalías
Al revisar las pruebas que originaron el proceso sancionatorio, la Procuraduría, confirmó las graves irregularidades contractuales y la deficiente calidad de las obras.
Según el organismo, no sería factible el cumplimiento del objeto contractual dada la ausencia de funcionabilidad de las obras contratadas.
El proyecto, según la Procuradora, registraba serios problemas de sostenibilidad y funcionalidad que ponían en riesgo el cumplimiento del objeto establecido en su formulación, así como los recursos públicos invertidos hasta la fecha, vulnerando el principio de eficacia en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías.
“La adecuación y remodelación arquitectónica del estadio de futbol Guillermo Plazas Alcid, no lograría cumplir con el objeto y el alcance del mismo, ni con el cumplimiento del 100% de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que se evidencia la falta de funcionalidad y sostenibilidad, a pesar de las dos adiciones que han significado un aumento en $23.884.386.231 del valor inicialmente aprobado por el Ocad que era de $5.000 millones”, precisó.
“Resulta entonces relevante que una entidad como lo es el DNP suspendiera, luego del desarrollo del respectivo procedimiento administrativo, el giro de recursos al proyecto de inversión al advertir que el mismo “se encuentra en riesgo como quiera que con los recursos invertidos no se logrará la funcionalidad del proyecto, además de las deficiencias en la calidad de la obra y el no reforzamiento de la tribuna occidental”, precisó la agente del Ministerio Público.
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