El Tiempo
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justiciaremitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque, dice el órgano de control, con la renuncia de Uribe a su curul la Corte perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.
El Ministerio Público ratificó el llamado frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.
Para el ente de control, con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, pues, considera, los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.
En su análisis, la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.
Tampoco se demostró, dice el Ministerio Público, que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.
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