RICARDO AREIZA/ La Nación
Los resguardos indígenas del país han recibido en los últimos cinco años recursos que superan el billón de pesos. Sin embargo, no han logrado en la mayoría de los casos, los objetivos de los proyectos de inversión, otros resultaron un fracaso y en muchos casos, por una mala administración por parte de los municipios, los recursos se ‘embolataron’.
Un centro de acopio en La Argentina; un proyecto agroindustrial cafetero en Nátaga y un proyecto ganadero en Íquira, tres monumentos al despilfarro de los recursos públicos.
En el Huila, entre 2015 y 2019, los 19 cabildos, recibieron 10.961 millones de pesos y como en el resto del país, hay ‘elefantes blancos’, proyectos fracasados y deficiente administración por parte de los entes territoriales, según un detenido estudio realizado por la Contraloría General de la República.
La Actuación Especial de Fiscalización, se adelantó en 820 de las 892 asignaciones especiales para resguardos de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país.
Los recursos asignados en los últimos cinco años para los territorios indígenas en 215 municipios colombianos, tres gobernaciones y ocho resguardos certificados, ascienden a 1,04 billones de pesos, girados por el Ministerio de Hacienda.
De esta suma, se ejecutaron $662.702 millones de pesos, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados).
Para adelantar la ejecución de estos recursos, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.
En 23 de los 29 departamentos, entre ellos el Huila, que cuentan con resguardos indígenas se presentaron serias deficiencias especialmente por la no suscripción oportuna de contratos de administración, y, en otros casos, por el no reporte de los mismos lo que terminaron afectando los proyectos de inversión en las comunidades ancestrales.
En el Huila, existen 19 resguardos legalmente constituidos, con 20 asignaciones del Sistema General de Participaciones. El resguardo Nam Misak recibe dos asignaciones correspondientes al municipio de La Argentina y el de La Plata. Los once municipios que tienen resguardos en su jurisdicción administraron en los últimos cinco años recursos por 6.875.6 millones de pesos.
Proyecto ganadero
Otro proyecto fracasado en Íquira. Mediante Resolución 099 del 22 de noviembre de 2016, la administración municipal realizó una subasta inversa presencial para contratar la compra de bovinos para un proyecto productivo de la comunidad del resguardo indígena Nasa Paez de Rionegro.
El contrato fue adjudicado a la firma Outsourcing del Huila por $45.996.330, cuyo plazo de ejecución, fue hasta el 15 de diciembre de 2016. Un día antes de terminar el plazo de ejecución del contrato, la representante legal de la Outsourcing del Huila solicitó al municipio mediante oficio del mismo día, la liquidación bilateral por desequilibrio contractual.
Al terminarse de común acuerdo el contrato pactado no se realizó la inversión proyectada para las labores de siembra, producción de alimentos y labores de pastoreo y los recursos no se pudieron invertir.
Mala gestión
Según la Contraloría General de la República, la mayoría de los entes territoriales no ejecutaron adecuada y oportunamente los recursos disponibles.
A las fallas en la gestión de los entes territoriales para suscribir los convenios de administración se sumó la demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, dificultando su ejecución y en otros casos, la pérdida de las transferencias.
“Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos”, explicó la contralora delegada para el sector de educación y cultura, Rubiela Mercedes Benavides.
Durante la diligencia de fiscalización, “se evidenciaron deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (que se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena)”, indicó la funcionaria al consolidar los resultados del estudio.
“La mayoría de los entes territoriales suscribieron los contratos de administración de forma extemporánea, es decir después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad”, precisó.
Y por lo tanto demuestra una inadecuada supervisión a la gestión de los recursos desarrollada a través de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable.
La Actuación Especial de Fiscalización determinó 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen presunta connotación disciplinaria, 156 tienen incidencia fiscal por $16.776 millones de pesos y 45 reportan una presunta connotación penal, Adicionalmente, 26 tienen solicitud de apertura de indagación preliminar; otros 7 tienen solicitudes de procesos administrativos sancionatorios, 22 presentan otras incidencias y 41 tienen beneficios de auditoría por 2.235 millones de pesos.
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