Por: RICARDO AREIZA
Después de 22 meses de inexplicable estancamiento el juicio oral por las irregularidades la fallida remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, continúa patinando en un remolino sin fin.
La audiencia preparatoria, aplazada desde el 17 de septiembre de 2019, permanece estática por demoras en el descubrimiento probatorio. Increíble pero cierto.
La norma contempla que la Fiscalía tenía tres días para entregar las pruebas y lleva casi dos años y no ha terminado.
Luego de casi dos años de intentos fallidos, el proceso avanza a paso de tortuga y no logra despegar por la misma razón, esgrimida como bandera para demandar la interrupción de las jornadas.
La extrema morosidad volvió a calentar el estrado virtual. El procurador judicial, Gerson Avilés, agente especial en este proceso solicitó que se investigue a los abogados, por una supuesta ‘maniobra dilatoria”.
A la audiencia preparatoria concurrieron el ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez; el antiguo jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes; el ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos, la ingeniera Erika Fernández y el abogado Gustavo Arboleda. Los demás se excusaron y concurrieron sus apoderados.
Lo mismo de antes
Cuando se creía que esta vez el proceso retomaría una nueva dinámica, tres abogados de la defensa anunciaron que pese a este tiempo, no han recibido toda la evidencia probatoria, clave para iniciar el juicio oral.
“En mi caso, la información llegó incompleta; algunos archivos no abrían, unas carpetas contenían evidencias de otras carpetas, lo que ha dificultado su organización”, explicó el abogado Luis Alberto Osa.
La Fiscalía presentó 280 elementos materiales probatorios, 104 testigos (87 de la Fiscalía y 17 de la defensa).
Los elementos materiales de prueba están contenidos en unas cien gigas de información, unos 20 millones de documentos que hay que revisar uno por uno. Pero aun así, la entrega ha sido dispendiosa, se entregó gota a gota, en forma desordenada lo impacta negativamente el avance del proceso.
Consenso
“Desde hace dos años, hubo un consenso en el sentido de tramitar extra proceso las observaciones, es decir, por fuera de audiencia, para facilitar su entrega. Al día de hoy han transcurrido casi dos años desde la última audiencia de juicio oral, y lo lógico es que si se hubiesen presentado esas observaciones de manera oportuna a la Fiscalía las mismas habrían sido resueltas y eso habría permitido un mejor desarrollo de la audiencia preparatoria”, afirmó el fiscal Carlos Alberto Ladino, quien asumió el caso desde esta fecha.
“Por responsabilidad y lealtad procesal, el compromiso adoptado desde el 17 de septiembre de 2019 era otro y que hasta este momento procesal, solo se tramitaron las observaciones que formuló, acorde con lo señalado en esa audiencia fue Alfonso Bonet y le fueron resueltas”, explicó. En esa fecha, el propio fiscal, solicitó el aplazamiento.
Pero el ‘pacto de caballeros’ no se cumplió. Entre otras razones, porque la norma contempla que el descubrimiento probatorio debe hacer en audiencia y no por fuera de ella.
“Y en caso de no hacerse, la sanción para la Fiscalía es que no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba, ni podrá hacerla valer en el juicio”, apuntó Osa.
No obstante, según la Corte Suprema de Justicia, es posible admitir la evidencia en la audiencia preparatoria e incorporarla en el segmento del juicio, sin que esto implique la vulneración del derecho a la contradicción para alguna de las partes.
Además, según la misma Corte, no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento; ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios.
Maniobra dilatoria
“Estamos sorprendidos, se van a cumplir tres años y no ha terminado la audiencia preparatoria. Estamos preocupados por tantas adiciones que se han venido haciendo al descubrimiento probatorio. Me da pena, pero solicito que se envíe esta audiencia al Consejo Seccional de la Judicatura para que investigue si hay maniobras dilatoria”, afirmó el agente especial del Ministerio Público, Gerson Avilés.
“En concepto del Ministerio Público lo que ha venido ocurriendo es una clara dilación de la audiencia preparatoria. Llevamos dos años y no se pudo realizar, se requerirán otros dos años y así vamos a estar diez años para realizar una audiencia de juicio oral”, apuntó Avilés.
“Solicito que se remita al Consejo Seccional de la Judicatura para que determine si hay en este caso una maniobra dilatoria por parte de la defensa”, acotó.
Reacciones
Sin embargo, los abogados de la defensa, negaron que haya dilación. “La Fiscalía ha hecho que este proceso se torne largo y engorroso. Aquí no hay maniobras dilatorias, como lo dijo el Procurador,
El juicio, por el volumen de evidencia y número de procesados, puede tardar, según los propios abogados, otros cuatro años.
La Ley 906 del 2004 precisa que el descubrimiento probatorio se inicia con la presentación del escrito de acusación. En este caso fue presentado por parte de la fiscalía en diciembre de 2017 y adicionado en marzo y abril de 2018.
Patinando
La Fiscalía 17 Seccional les imputó celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en beneficio de terceros, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Un año después del desplome parcial de la tribuna occidental la Fiscalía ordenó las capturas de los funcionarios y contratistas, por las probables irregularidades en el proceso de contratación.
Las detenciones se hicieron efectivas el 2 y 3 de agosto de 2017. La próxima semana se cumplirán cuatro años de las capturas y en tres semanas, cinco años de la tragedia y el proceso sigue patinando.
Por la demora, algunos delitos imputados, como el de falsedad ideológica en documento público, ya estaría prescrito, como ocurrió con las investigaciones por las víctimas del siniestro, que cumplirá el 16 de agosto, cinco años de haber ocurrido.
El proceso por lesiones personales fue archivado en abril pasado por prescripción. El proceso penal por la muerte de los cuatro trabajadores, en cambio, se archivó porque en este caso operó la reparación integral.
El pago de una indemnización económica a los parientes de las víctimas fatales originó la preclusión de la acción penal iniciada contra los contratistas y el equipo técnico, encargado de la remodelación del escenario deportivo.
El acuerdo indemnizatorio fue sellado el 21 de febrero de 2018 entre los contratistas, la aseguradora y los representantes de las víctimas.
La juez Cuarto Penal del Circuito de Neiva, María del Pilar Ochoa, no tuvo otra alternativa que posponer para el 2 de noviembre próximo la continuación de la fallida audiencia preparatoria.
El disco rayado
El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril de 2018 lo que ha interfirió en el desarrollo del juicio por las anomalías en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
El despacho fijó la audiencia de acusación para el 6 de marzo de 2018 pero fue reprogramada por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. Se pospuso para el 13 de abril del 2018.
Finalmente el 8 de agosto de ese mismo año se fijó la fecha de la audiencia para poder finalizar la audiencia de acusación. Ese día la Fiscalía una segunda adición al escrito de acusación.
La fiscalía se comprometió a realizar el descubrimiento probatorio a más tardar en octubre de 2018.
Por la complejidad se volvió a programar para el 18 de febrero de 2019. Ese día la defensa volvió a solicitar el aplazamiento. Una semana antes, el 12 de febrero, la Fiscalía presentó una tercera adición enviado por correo electrónico. Finalmente se fijó para el 17, 18 y 19 de septiembre para poder terminar. La audiencia duró diez minutos porque ese día, por iniciativa del fiscal que acaba de asumir el caso, solicitó el aplazamiento.
La audiencia finalmente se reprogramó para el ayer 26 de julio, con la esperanza de terminar la audiencia. Con el mismo disco rayado, otra vez se aplazó para el 2 de noviembre.
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