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Los $15,2 billones que se recaudarán por medio de la nueva reforma al estatuto tributario del país serán aportados principalmente desde tres frentes: las empresas, un plan de lucha contra la evasión, y austeridad en el gasto público.
La también llamada ‘Ley de Inversión Social’ fue presentada por el Gobierno Nacional en aras de también financiar programas sociales; fue aprobada en el Congreso de la República el martes y entra a regir este año, pero algunos impuestos o modificaciones rigen a partir del primero de enero del año 2022.
Las empresas
El aporte por parte de las empresas, según los cálculos del Ministerio de Hacienda será por el orden de $6,7 billones.
Con la ‘Ley de Inversión Social’ se impone una a tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, que será del 35% a partir del año gravable 2022.
Cabe recordar que antes de la crisis económica se tenía previsto que para el 2022 esta tarifa fuera del 30%.
Entre tanto, desde el 2022 y hasta el 2025, a las instituciones financieras que tengan una renta gravable superior a 120.000 UVT (COP$4.356.960.000 pesos para 2021), se les aplicará una sobretasa del 3% sobre la tarifa general del impuesto para una tarifa equivalente del 38%.
Además, el descuento de industria y comercio (ICA), del impuesto de renta será del 50% y no del 100%, con esa reducción en el beneficio se espera percibir otros $3,9 billones.
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