Al término de una audiencia en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la que fue llamado el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, para rendir un balance sobre la implementación de la política de desmantelamiento de bandas y garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc, el alto tribunal tomó la decisión de compulsar copias a la Procuraduría para que “en el marco de sus competencias realice las investigaciones que por acción u omisión hayan tenido lugar”, con respecto a los avances informados por Restrepo.
Cabe resaltar que el Comisionado fue indagado por otro punto polémico en dicha implementación, como lo son las medidas tomadas por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en cuanto las medidas orientadas para desmantelar las organizaciones criminales, señaladas por las autoridades de los homicidios de exguerrilleros.
“Lo que se denomina como Caparros y Pelusos van a desaparecer en los próximos días como grupos armados organizados y darles bajo esta figura de desmantelamiento la figura de grupos delincuenciales” declaró Restrepo, quien aseguró que el gobierno nacional logró la neutralización de 173 cabecillas de los grupos armados así como la desmovilización de al menos 1.700 personas desde 2018.
En su derecho a réplica, el delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, denunció que el Gobierno renunció a la protección de los exguerrilleros. Señaló que que muchos de ellos no sienten que las medidas sean efectivas para proteger su seguridad.
Otras órdenes invocadas por la JEP a Restrepo es la convocatoria a una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para discutir y aprobar un reglamento interno con respecto a los procesos invocados en la implementación.
El alto tribunal exigió la adopción de un plan de acción permanente para combatir y desmantelar organizaciones y conductas punibles así como la gestión óptima de un plan de acción aprobado por la Comisión de Garantías.
Maza Márquez deberá rendir versión por crímenes contra Unión Patriótica: JEP
La sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz tomó la decisión de seguir con el proceso en el que el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991, rendiría su versión. El expolicía es señalado de poseer información sensible y hasta de haber participado en el exterminio del partido político de izquierda, Unión Patriótica.
La decisión de esta sección de la JEP se dio después de que el mismo Maza Márquez presentara un recurso para apelar el llamado del tribunal a rendir su versión. Según el general (r), se le estaban vulnerando sus derechos al obligarlo a asistir a diligencias de forma presencial, teniendo en cuenta su edad y sus condiciones de salud. A su vez, se le negaría el derecho de no autocomprometerse.
la JEP determinó que el exdirector del DAS está obligado a aportar verdad plena sin que eso implique renunciar a su derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, como había expresado Maza Márquez en su apelación. Asimismo, no significa que deba “asumir responsabilidad penal alguna por las conductas punibles que lo comprometen o que puedan establecerse en el procedimiento transicional”, agregó.
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