“Ya respondimos los requerimientos de la Procuraduría haciendo correctivos”. Milena Oliveros sobre el PAE

Una publicación en la página oficial de la Procuraduría General de la Nación, donde hace un requerimiento al Gobernador del Huila sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, ya había sido contestado el 1 de marzo por la Secretaría de Educación Departamental. Así lo dejó claro la jefe de esta cartera Milena Oliveros Crespo.

Ante una reciente publicación que hiciera la página oficial de la Procuraduría General de la Nación, donde se “requirió informe al Gobernador del Huila por suministro de alimentos en descomposición a estudiantes”, la Secretaria de Educación del Departamento, Milena Oliveros Crespo, hizo claridad demostrando con documento firmado y radicado el 1 de marzo ante el órgano de control a nivel territorial, que ya se habían respondido todas esas inquietudes.

La solicitud que había hecho el Procurador Regional, Diego Alexis Tello Esquivel, data de fecha 22 de febrero del presente año, y 7 días después, dentro de los términos, la Secretaría de Educación del Huila a través del Supervisor General del PAE, Pedro Andrés López Gómez, ya había contestado todas las 6 preguntas formuladas por el procurador.

“Hemos venido contestando todas las inquietudes de la procuraduría en los tiempos requeridos y tomado todos los correctivos. De 1.447 Instituciones Educativas que tenemos en el territorio de los 35 municipios no certificados en educación, estamos llegando con el Programa de Alimentación Escolar en 1.354, y sólo en 20 sedes educativas se han presentado algunos inconvenientes, los cuales ya fueron subsanados”, explicó la Secretaria.

Aseguró que el equipo PAE cuenta con 37 supervisores en las zonas, liderados por un supervisor mayor, y con 5 coordinadores en todo el Departamento, liderados por otro coordinador mayor.

Se comprobó que nunca se prepararon alimentos en mal estado

Afirmó que se han realizado varias reuniones con los operadores para garantizar la buena prestación del servicio y que ante los inconvenientes presentados en algunas instituciones educativas, se realizó reposición de alimentos descompuestos dentro de las 24 horas siguientes a los reportes realizados por la comunidad y por los propios supervisores en los Municipios de Altamira, Saldoblanco, Íquira e Isnos, como lo establece la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional.

“Recalcar que esos alimentos detectados en mal estado, nunca fueron siquiera preparados por las cocineras en los restaurantes escolares, muchas de las cuales son las propias madres de los niños y niñas beneficiarios del programa, y mucho menos fueron servidos en la mesa para consumo de los menores. Nunca ingirieron alimentos en mal estado. Éstos fueron apartados antes de ser preparados como lo exige el protocolo”, precisó Oliveros Crespo.

“Comprender que en esta ola invernal las carreteras se vuelven intransitables y para el caso de las instituciones educativas rurales, se complica la llegada y el transporte de algunos alimentos perecederos, perdiendo la cadena de frío y generando su descomposición, pero que, reitero, ya fueron restituidos en los tiempos establecidos por parte de los operadores, por nuevos alimentos en condiciones de calidad óptimas”, añadió la funcionaria.

Los 6 interrogantes del requerimiento que ya fueron contestados

Con el radicado 2022CS015972-1, de fecha 1 de marzo de 2022, la Gobernación del Huila ya había contestado las inquietudes del requerimiento ante la Procuraduría Regional.

El documento de respuesta al ente de control, dirigido al procurador regional, Diego Alexis Tello Esquivel, con asunto, ‘Remisorio respuestas denuncias PAE 2022 – Acción Preventiva No. E-2022-095928, resuelve los 6 interrogantes formulados por la entidad y está firmado por el supervisor general del PAE, asesor de despacho del Gobernador, Pedro Andrés López.

Allí se suministraron los datos de los operadores que prestan el servicio en los municipios afectados; la explicación de los hechos ocurridos en los casos registrados; la información de contacto de cada interventor del PAE en los municipios donde se presentaron las anomalías; las acciones correctivas implementadas; el cumplimiento de los requerimientos nutricionales y evidencias del conocimiento que debieron tener los operadores en el proceso de licitación sobre las necesidades y caracterización de la población beneficiaria en los municipios en cuestión.

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