La Procuraduría Regional del Huila pidió la información ante el incremento de esas dos conductas en la región, según cifras reportadas por la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El Ministerio Público requirió, igualmente, las acciones realizadas en articulación con el ICBF seccional y la Policía, los resultados obtenidos hasta el momento y el monto del presupuesto destinado para prevenir y controlar esas problemáticas.
Además, pidió identificar los tres principales obstáculos que impiden la obtención de los resultados esperados para reducir las tasas de trabajo infantil y deserción escolar.
Con esta actuación, el órgano de control busca hacer un llamado de atención a los despachos a cargo de atender esos temas, que permita “redireccionar y corregir los yerros que se adviertan”, y establecer un escenario real de la situación que se presenta en relación con la familia, la infancia y la adolescencia.
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